Con ocasión de la apertura de la frontera entre Colombia y Venezuela el 26 de septiembre de 2022, sin duda alguna se abre una abanico de oportunidades para promover el empleo y el desarrollo en la zona limítrofe entre ambos países, la cual cuenta con aproximadamente 2.200 kilómetros de extensión.
Entre muchas de las ventajas que se ha considerado traerá consigo la apertura están: mejorar el flujo e integración comercial a través de la circulación en principio de vehículos de carga y posteriormente de particulares, reanudar la importación y exportación de mercancías por vía aérea y terrestre, controlar el flujo de mercancías para frenar el contrabando y las actividades ilícitas llevadas a cabo por grupos irregulares, favorecer con el libre tránsito la integración entre los habitantes entre ambos países, generar condiciones apropiadas para el reingreso de Venezuela en la Comunidad Andina de Naciones; promover oportunidades de empleo y en general hacer renacer la esperanza de ambos pueblos por mejorar sus condiciones de vida.
Ahora bien, para que estas ventajas puedan hacerse realidad y a su vez puedan ser aprovechadas por el gran número de pobladores que habitan a lo largo de esta frontera, se deben crear condiciones atractivas para la inversión en infraestructura, desarrollo, empleo e intercambio comercial a través no sólo de convenios bilaterales entre ambos gobiernos, sino mediante la creación de un marco regulatorio por parte de cada país que promueva incentivos arancelarios, fiscales y laborales.
La creación de “Zonas Económicas Especiales” representa una alternativa favorable para impulsar la integración binacional y lograr estos propósitos en la frontera. Sin embargo, en la Ley Orgánica de las Zonas Económicas Especiales publicada en Gaceta Oficial Extraordinario N⁰ 6.710 de fecha 20 de julio de 2.022 no se mencionan como “Zonas Económicas Especiales” a las ciudades ubicadas en los límites con Colombia tales como: La Fría, San Juan de Colón, San Antonio del Táchira, Puerto Páez, Puerto Ayacucho, Isla Ratón, San Fernando de Atabapo, Maroa, y San Carlos de Río Negro.
Cabe destacar que las ciudades de San Antonio del Táchira y Ureña, fueron creadas como una “Zona Económica Especial” mediante decreto No 1496 publicado en la Gaceta Oficial No. 40.554 del 03 de diciembre de 2014 y a pesar de no haber sido incluidas expresamente en la reciente Ley Orgánica de las Zonas Económicas Especiales, están según lo dispone su Disposición Transitoria Única, bajo una condición transitoria de evaluación de su viabilidad para suprimirlas o adaptarlas mediante sucesivos decretos, en un plazo no mayor de 180 días contados a partir de la promulgación de la citada Ley.
La apertura de la frontera, lejos de justificar la eliminación de la condición de “Zonas Económicas Especiales” de estas ciudades aconseja su ampliación a otras ciudades limítrofes ya que se mantiene vigente el espíritu, propósito y razón que dió lugar a su creación en el 2014; como lo son incentivar el intercambio comercial entre ambas naciones, impulsar las operaciones aduaneras y portuarias asociadas a la importación y exportación de mercancías, promover incentivos tributarios, libre convertibilidad de la moneda, y finalmente promover las grandes potencialidades que han existido desde el pasado en estas zonas en los sectores ganadero, lácteo, agrícola, alimentario, textilero, calzado, talabartería, artesanal, automotriz y metalmecánico.
En todo este contexto, los trabajadores y los empleadores pasan a ser un factor esencial en esta integración por lo cual se requiere que el Estado a través de la Asamblea Nacional y el Gobierno nacional, promuevan condiciones favorables para el empleo a través de normativas especiales no sólo en la creación de regulaciones en las llamadas Zonas Económicas Especiales, sino a través de la promulgación de leyes especiales que desarrollen “Modalidades Especiales de Condiciones de Trabajo”, tal como lo permite claramente el Titulo IV de la Ley Orgánica del Trabajo las Trabajadoras y los Trabajadores, en los “ Trabajadores y Trabajadoras a Domicilio”; “Trabajadores y Trabajadores Agrícolas”; “Trabajadores y Trabajadores del Transporte Terrestre”, entre otros.
El desafío a que se enfrenta esta apertura es lograr recobrar el dinamismo que en una época hizo que el intercambio comercial entre Colombia y Venezuela fuese considerado como el más activo de América Latina
Gabriel Calleja Ángulo
Socio
