Se trató de un recurso de casación ejercido por ambas partes en contra de la sentencia del Juzgado Superior que, a su vez, declaró “con lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, sin lugar el recurso de apelación formulado por la parte demandada, con lugar la demanda por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales interpuesto por los ciudadanos JAVIER ALEXANDER LUZARDO y GREGORIA JOSEFINA ROBERTIS contra de la sociedad mercantil SERVICIOS HALLIBURTON DE VENEZUELA S.A.

Estableció que el Poder Judicial tiene jurisdicción para conocer y decidir el cumplimiento de obligaciones contractuales

sobre el cálculo de intereses de mora, indexación de la experticia complementaria del fallo y variación del monto de la medida cautelar en condenas mixtas de Bolívares y Dólares Americanos

Se trató de una demanda de prestaciones sociales intentada por un trabajador que alegó el pago de un salario mixto, compuesto por una parte en Bolívares y una bonificación en Dólares americanos.

Se trató de una demanda por diferencia de prestaciones sociales intentada por un extrabajador y cuyo fundamento era que su ex empleador Izcaragua Country Club, había calculado de forma errada los aumentos de salario establecidos en la Cláusula 9 de la Convención Colectiva de Trabajo.

Tras una demanda incoada por solicitud de cumplimiento de obligaciones contractuales de un grupo de trabajadores contra su empleador, el Tribunal Superior declaró que el “Poder Judicial no tenía jurisdicción para conocer y decidir la referida demanda”.

Se trató de una Demanda de Nulidad en contra de la Providencia Administrativa No. 00011-2022 dictada por el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales (RNOS), adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, el cual se abstuvo de registrar un proyecto de Organización Sindical, por no cumplir con el número mínimo de veinte (20) miembros fundadores establecido en el artículo 387 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT).