El restablecimiento de las relaciones energéticas y la firma de acuerdos petroleros entre Estados Unidos y Venezuela representan un punto de inflexión para la reactivación del aparato productivo nacional.   

Desprovistos del rigor legal con el que deben analizarse estos acuerdos en el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, nuestra tradición Republicana y la  defensa de la soberanía que son aspectos fundamentales que debemos defender, proteger  y garantizar, sin renunciar nuestros valores y principios, este escenario sin duda alguna impacta de manera directa en el mercado laboral venezolano y en especial el de hidrocarburos.  

En este contexto, visualizamos como impacto positivo de los acuerdos en el mercado laboral los siguientes:  

• Impulso a la estabilidad y creación de Empleo por la inyección de capital extranjero  y la flexibilización de licencias operativas reactivan taladros, refinerías y proyectos  mixtos, los cuales generarán una demanda masiva de puestos de trabajo directos e  indirectos.  

• Aplicación de los beneficios laborales de la Convención Colectiva Petrolera para  las actividades primarias tales como exploración y extracción; recolección, transporte y  almacenamiento inicial; refinación e industrialización; entre otras, así como también  cualquier otra actividad conexa como mantenimiento mayor e ingeniería; construcción y mantenimiento de infraestructura petrolera; servicios subacuáticos y costa afuera; y  seguridad industrial, y ambiental que tenga una relación directa con la actividad de hidrocarburos.   

• Responsabilidad solidaria entre el contratista y contratante por la aplicación de la  presunción iuris tantum de la inherencia y conexidad, cuando se realicen  habitualmente obras o servicios en forma habitual y permanente cuyo volumen de  ingresos represente su mayor fuente de beneficio económico. 

• Fortalecimiento de las Relaciones Colectivas de Trabajo como consecuencia del  incremento de las contrataciones de trabajadores, luego de un largo periodo de crisis  que obligó realizar profundos cambios, adaptaciones y simplificaciones en todos los esquemas de compensaciones y beneficios laborales, para lograr la subsistencia de las entidades de trabajo en protección a la fuente de empleo.   

En contraposición a lo anterior, visualizamos como desventajas y riesgos los siguientes:  

• Interpretación equivocada del principio de inherencia y conexidad partiendo del  criterio de la Ley Orgánica del Trabajo de 1990 y su reforma de 1997, que establecían  dicha presunción automática en obras o servicios ejecutados para empresas de  hidrocarburos y minería, sin tomar en cuenta que con la promulgación de la LOTTT en 2012, esta presunción se suprimió del texto legal.  

• Tercerización camuflada en algunas actividades ante el sentido urgente de  reactivación del sector de hidrocarburos, a través de algunas figuras o contratos de prestación de servicios a bajo costo, sin reconocimiento de los derechos laborales previstos en la Convención Colectiva de la Industria Petrolera bajo simulación y fraude a la Ley. 

• Brecha existente entre el “Salario” y las “bonificaciones de carácter no salarial”  por el impacto negativo en los pasivos laborales implícito en el modelo de cálculo  retroactivo de las prestaciones sociales, así como también la incidencia y alto costo  sobre dichas prestaciones y demás beneficios como utilidades, vacaciones, horas extras, bono nocturno que impone el concepto amplio de “Salario” previsto en la ley. 

• Descontextualización del Movimiento Sindical para adaptarse a la necesidad de  reformular los modelos de compensaciones salariales, beneficios laborales y sindicales, promover una reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, construir un nuevo liderazgo sindical, así como también un nuevo modelo de negociación y conflictos laborales acorde a las nuevas generaciones, los nuevos tiempos y la era de la modernización, innovación, tecnología e inteligencia artificial. 

• Incertidumbre geopolítica por la dependencia de decisiones gubernamentales  externas en cuanto como la renovación o revocación de licencias internacionales, así aprobaciones de desaprobaciones locales y extranjeras por los órganos de gobierno, órganos legislativos u autoridades judiciales, expone a los acuerdos petroleros a una alta volatilidad.   

En definitiva, la reactivación petrolera impulsada por la cooperación internacional es una condición necesaria pero insuficiente para garantizar el bienestar integral si no se acompaña de un cambio en el modelo tradicional de relaciones laborales. Pretender reactivar la economía no solo en el sector de hidrocarburos sino en todos los sectores de la  industria nacional, sin la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo y sin un diálogo tripartito abierto y transparente entre gobierno, empresas y trabajadores despojado de imposiciones internas o externas, conducirá al fracaso cualquier plan de reactivación en la economía nacional.