La realidad venezolana en medio de un proceso de transformación que comenzó este 2026 con un “Gobierno Interino” tutelado por los Estados Unidos, un cambio radical en las reglas que rigen la actividad de hidrocarburos y un proceso de reconciliación nacional con los actores políticos y la sociedad civil en general requiere de una reforma urgente de algunos aspectos esenciales en materia laboral.

El proceso de diálogo tripartito articulado a través de la Mesa Nacional de Diálogo para los Consensos Laborales y Sociales, instalada formalmente en abril de 2026, constituye una excelente plataforma y a su vez una buena señal de retorno hacia la necesaria intervención de todos los actores involucrados en el proceso social trabajo, para buscar mecanismos de consenso que permitan encontrar soluciones a los problemas relacionados con el fortalecimiento salario, la revisión del modelo las prestaciones sociales, y la reconstrucción del sistema de seguridad social integral.

Hasta la fecha los consensos más relevantes entre logrados en esta Mesa de Diálogo incluyen:

• Extensión del Ingreso Mínimo al sector privado, conviniéndose exhortar formalmente a las empresas privadas a extender el esquema de ingreso mínimo mensual fijado por el Ejecutivo Nacional que lleva implícito el otorgamiento bonificaciones de carácter no salarial.

• Transparencia en la remuneración, acordándose la obligación estricta para los empleadores de entregar recibos de pago detallados que especifiquen todas las remuneraciones y beneficios otorgados.

• Creación del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, presentándose una propuesta formal para constituir este nuevo órgano rector, enfocado en el adiestramiento profesional continuo de la fuerza laboral venezolana.

• Petición conjunta sobre sanciones, solicitándose el levantamiento de las sanciones económicas internacionales contra el Estado para permitir operar en un entorno normalizado para desarrollar las fuerzas productivas.

• Resolución de conflictos por consenso,mediante la intervención directa del Ministerio del Trabajo en caso de discrepancia en la interpretación y aplicación de estos acuerdos.

A pesar de que estos acuerdos son significativos, lamentablemente no representan el cambio que el país requiere para atraer la inversión privada, impulsar el empleo formal, y fortalecer las relaciones colectivas de trabajo.

Para que el proceso social trabajo se vea fortalecido, es necesario reformas fundamentales como las que proponemos a continuación:

• Suspensión temporal del efecto retroactivo de prestaciones sociales, a cambio de un incremento de salario mínimo nacional acorde con los estándares de los países vecinos de la región andina.

• Aplicación de un “Corte de Cuenta” de los pasivos laborales y a su vez un programa de pago indexado a cinco años de las prestaciones sociales causadas hasta la fecha.

• Creación temporal de un modelo de prestaciones sociales anualizado, con un componente obligatorio superior al 25% y hasta un 50%, para promover el ahorro en fondos administrados por instituciones financieras.

• Aplicación de un solo criterio de interpretación sobre el principio de aplicación territorial de la Ley del Trabajo por los servicios prestados únicamente en Venezuela y no en el exterior.

• Reconceptualización de principio de inherencia y conexidad, solo para las actividades que son esenciales al proceso productivo, despojándolo de la conexión con la fuente de lucro.

• Redefinición del concepto de salario en sentido estricto, como contraprestación directa e inmediata por la prestación de servicios.

• Rescate del concepto de subsidios, facilidades para atender necesidades del trabajador y su familia como beneficios sociales de carácter no remunerativo.

• Aplicación de un criterio uniforme en la base del cálculo del pago de las obligaciones de fiscales y para fiscales sobre el salario en sentido estricto.

• Creación de un “Impuesto Único” integral del 15% en términos similares al de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.

En Venezuela no existe una «Ley de Consenso Laboral» como un texto legal aprobado por la Asamblea Nacional, sin embargo, todo parece indicar que este sería un mecanismo de transición idóneo hacia una “concertación” acelerada que permita lograr algunos cambios que son necesarios y su vez encontrar una válvula de escape a los posibles desacuerdos o reservas que puedan existir sobre un reforma total e integral de la Ley Orgánica del Trabajo.